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El monopolio del oro negro: cuando España venció a los gigantes del petróleo

Lunes 01 de Julio, 2019
El nacimiento de la CAMPSA, Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima, en 1927, supuso la nacionalización del sector petrolífero español por parte del gobierno de Primo de Rivera.

Una vez llegado al poder, el general Miguel Primo de Rivera, aprovechando la bonanza económica del país, se marcó tres objetivos económicos: incrementar la renta nacional fomentando la industrialización, las mejoras de la agricultura y el comercio exterior. En noviembre de 1925, el dictador envió un informe sobre los proyectos económicos para que fuese examinado por el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.

Para lograr el objetivo, según la opinión del ministro de Hacienda, había que reducir gastos y “aplicar el régimen de monopolio fiscal a ciertos productos”. España ejercía el monopolio sobre tres productos: los tabacos, las cerillas y la lotería, lo que suponía un alivio económico importante para las arcas del Estado. En vista del buen resultado económico de la fórmula del monopolio, Calvo Sotelo decidió crear uno nuevo que aumentara los ingresos.

A LA BÚSQUEDA DEL MONOPOLIO PERFECTO

Una vez puestos de acuerdo en que la solución del monopolio era la mejor para lograr los objetivos económicos previstos, se comenzó a buscar el producto idóneo. En un primer momento, se pensó en algo tan básico y sorprendente como el bacalao, ya que se trataba de un producto de primera necesidad en la España de los años veinte. Sin embargo, la opción fue desechada debido a lo impopular que hubiese sido la medida.

Otra opción fue monopolizar los seguros sobre accidentes laborales, pero la experiencia vivida en este sector por Italia había resultado poco prometedora. Se buscaron otras alternativas como el alcohol, pero ninguna parecía colmar del todo las aspiraciones del gobierno de Primo de Rivera. Había que buscar un producto que no redujera el poder adquisitivo de los españoles y que, además, reportara beneficios interesantes para la Hacienda española.

Finalmente, se dio con la solución recurriendo a un escrito publicado en 1917 por el político conservador Joaquín Sánchez de Toca, titulado El petróleo como artículo de primera necesidad para nuestra economía nacional. En dicho texto, Sánchez de Toca ya advertía de que España tenía “entregada la importación del petróleo a una organización misteriosa de monopolio de hecho, que la inutiliza para que el servicio de interés nacional pueda beneficiar los más trascendentales efectos que se derivan del aprovechamiento económico de esa primera materia, indispensable a la implantación en España de industrias tan esenciales para el fomento de nuestra economía agraria y demás actividades productoras y hasta la misma defensa nacional”.

En un ejercicio de excelente visión de futuro, Sánchez de Toca lanzaba el guante a aquel ministro que “tuviese el arranque de crear ese monopolio”. Dicho ministro resultó ser José Calvo Sotelo, quien por fin había encontrado el producto perfecto para llevar a cabo un nuevo monopolio.

UN PROCESO PELIAGUDO

Se había encontrado la materia prima para poder trabajar, pero había que ver cómo se acometía la empresa para lograr que esta llegase a buen puerto.

El petróleo no era algo desconocido para el gobierno de la Dictadura ya que, en 1924, se había querido fomentar la producción del mismo, eximiendo a los concesionarios de cotos mineros de petróleo del canon de superficie. Al año siguiente, además, se había autorizado al Gobierno para que extendiera las exenciones existentes de las concesiones carboníferas a las del petróleo.

Sin embargo, la monopolización española del petróleo suponía enfrentarse, tarde o temprano, a dos de los trusts más fuertes, la Standard Oil Company, comandada por John D. Rockefeller, y la Royal Dutch-Shell. Estas dos grandes empresas se repartían en exclusiva el mercado internacional del petróleo y no iban a permitir que nadie les hiciese la más mínima sombra. Por si estos dos tiburones no fuesen suficientes para el gobierno español, había una tercera compañía en discordia. La sociedad hispano-francesa “Porto Pi”, abastecedora de la llamada nafta o gasolina soviética, y en la cual intervenía como uno de los accionistas más importantes Juan March. También podía intervenir en contra de los planes ideados por Calvo Sotelo.

“El Estado calculaba en cien millones de pesetas los beneficios de ese movimiento”

A pesar de las dificultades, el ministro de Hacienda estaba decidido a llevar el monopolio adelante, gustase o no a las grandes compañías petroleras. Aunque preocupado por este hecho, los beneficios que podían reportar al Estado Español, unos cien millones de pesetas netos, era una razón poderosa que disipaba cualquier duda.

Como el mismo Calvo Sotelo declararía tiempo después, lo que más le preocupaba era la dificultad del suministro. No obstante, “la razón me decía que no debía preocuparme de ella. Los trusts extranjeros dominaban el transporte, la distribución y, acaso, el refino, pero no la producción mundial de petróleos. Esta había sumado 150 millones de toneladas en 1926. Y España solo había consumido, en igual año, unas 300.000 (…) ¿Podía llegar la coacción trustífera hasta el extremo de impedirnos encontrar una docena o dos de cargamentos? Cuanto más pensaba en este dato estadístico, más me tranquilizaba”.

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