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Pistoleros en las calles de Barcelona

Martes 21 de Agosto, 2012
En el contexto de las luchas sociales que caracterizaron las primeras décadas del siglo XX, las calles de Barcelona se convirtieron en escenario de cruentos ajustes de cuentas entre sicarios bajo las órdenes de patronos y organizaciones sindicales. Pistoleros de ambos bandos saldaron con sangre sus disputas creando un clima de violencia al que las autoridades no supieron poner freno.

Por: José Luis Hernández Garvi
Durante los años de la I Guerra Mundial, Barcelona había experimentado un gran cambio social y económico al amparo de los grandes beneficios obtenidos del comercio con las naciones en conflicto. Pero mientras una poderosa burguesía industrial disfrutaba ostentosamente de la riqueza, miles de obreros malvivían explotados. Sometidos a extenuantes jornadas de trabajo y mal pagados, empobrecidos por una inflación galopante que elevaba de forma imparable los precios de los productos básicos, se convirtieron en el caldo de cultivo donde creció el movimiento sindical de ideología anarquista.

En este contexto, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) se había convertido en el sindicato hegemónico. Con amplia implantación en Cataluña, había demostrado su fuerza y poder de convocatoria en la Semana Trágica, sucesos que le habían reportado los primeros mártires de la causa. Los sectores anarquistas más radicales estaban convencidos de que era necesario usar la violencia para alcanzar sus objetivos y algunos de sus elementos incontrolados actuaron por su cuenta aplicando esos métodos. El 7 de octubre de 1917, dos hombres armados mataron al empresario Joan Tapias mientras paseaba por el barrio del Clot. En los siguientes días otros seis industriales más morirían en atentados terroristas.

En medio de la bonanza económica propiciada por la demanda de los contendientes, los empresarios catalanes habían aceptado algunas de las peticiones de mejoras laborales reclamadas por sus trabajadores con tal de evitar la conflictividad y sacar adelante los numerosos pedidos. La paz en Europa supuso una crisis que se cebó con el proletariado industrial de Barcelona y los despidos masivos dejaron a muchas familias sin medios de subsistencia, mientras los que conservaban su trabajo tuvieron que aceptar las imposiciones de los empresarios con tal de seguir en su puesto. La frágil paz social estaba a punto de saltar por los aires.

La Barcelona Traction Light & Power, comúnmente conocida por los barceloneses como La Canadiense por tener su sede corporativa en el país del toponímico, era la empresa que realizaba el suministro eléctrico a la capital catalana. Cuando a primeros de 1919 ocho administrativos de la empresa solicitaron ser hechos fijos, Fraser Lawton, el despótico director general inglés de la compañía, reaccionó despidiéndolos a todos. En contra de lo esperado, el resto de oficinistas se solidarizaron con sus compañeros y decidieron ir a la huelga hasta que sus compañeros fueran readmitidos.

El gobernador civil González Rothwos les prometió que todo se solucionaría con la condición de que volvieran al trabajo. Convencidos por sus palabras, los trabajadores regresaron a la empresa pero al llegar se encontraron con Francisco Martorell, comisario jefe de Barcelona, quien bajo la protección de un fuerte dispositivo policial les comunicó que estaban todos despedidos. La reacción a esta medida no se hizo esperar y uno a uno los demás departamentos de la compañía se fueron declarando en huelga.

Desde un principio la CNT asumió la negociación del conflicto desde posiciones de fuerza, consiguiendo la paralización de la lectura de contadores y el cobro de recibos, medidas que cerraron el flujo de ingresos a La Canadiense. Joaquim Baró fue el único cobrador de la compañía que se negó a aceptar las órdenes del sindicato y siguió trabajando a pesar de la huelga. El esquirol pagaría cara su fidelidad a la empresa cuando tres desconocidos le dispararon en plena calle, muriendo pocos días después. Lawton, encolerizado con el asesinato, ofreció una recompensa de 10.000 pesetas a todo aquel que facilitase información para detener a los asesinos. Sin embargo, el director general de la compañía se encontró con el muro levantado por la ley del silencio impuesta por el sindicato y los pistoleros nunca fueron delatados. Esta inesperada reacción hizo que Lawton reconsiderase su posición ofreciéndose a negociar, pero la radicalización de las posturas por ambas partes impidió el acuerdo. La CNT decidió entonces adoptar medidas extremas de presión.

El 21 de febrero de 1919 interrumpieron el fluido eléctrico de Barcelona. Aún así, la dirección de la empresa no estaba dispuesta a ceder y el día 23 el apagón se extendió al resto de Cataluña. Ante la gravedad de la situación las autoridades decidieron intervenir y Severiano Martínez Anido, gobernador militar de la provincia, propuso militarizar las instalaciones de La Canadiense para reanudar el suministro. Al día siguiente Barcelona recuperaba una aparente normalidad al recobrar la corriente eléctrica. Pero los sindicalistas no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente y el día 26 consiguieron que se sumasen a la huelga las empresas de suministro de agua y gas. La reacción de las autoridades fue decretar la militarización de los trabajadores, medida a la que se opusieron provocando que fueran detenidos.

Ante el agravamiento de la situación, el 13 de marzo se declaró el estado de guerra. Mientras las tropas ocupaban las calles de Barcelona, en Madrid el Gobierno decidió adoptar una postura conciliadora. Nombró entonces a Carlos Montañés como nuevo Gobernador Civil, un ingeniero con talante dialogante que obligó a las partes a sentarse a negociar. En las reuniones los líderes sindicales exigieron la instauración de la jornada de ocho horas y la readmisión de los despedidos, y aunque en un principio Lawton se negó a aceptarlas finalmente tuvo que ceder ante las prisiones recibidas desde Madrid.

El conflicto en La Canadiense se había cerrado en falso y el final de la huelga había dejado heridas abiertas. Salvador Seguí, líder sindical moderado más conocido como el Noi del Sucre, se había impuesto sobre los partidarios de una radicalización de la lucha. La firma del acuerdo se consiguió gracias a su intervención, ganándose el desprecio del sector anarquista más violento que estaba decidido a continuar hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, la oligarquía empresarial había interpretado la firma del acuerdo como una rendición impuesta por las autoridades que no estaban dispuestos a consentir. La mecha de la venganza había sido prendida y estaba a punto de estallar.
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