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El día en que casi excomulgan a Franco

Lunes 28 de Enero, 2019
Hubo un día en que el caudillo de España, máximo exponente del nacionalcatolicismo, casi es excomulgado junto a los máximos mandatarios del gobierno ejecutivo. ¿Qué hizo Franco para estar a punto de caer en la peor pena de la Iglesia y de Dios?

A partir del siglo XIX con la llegada del constitucionalismo, la separación de poderes y la libertad religiosa, la pena de excomunión fue perdiendo progresivamente fuerza política.

En el punto de mira de esta censura espiritual se colocaron entonces los nuevos movimientos sociales, políticos y filosóficos que discurrían al margen de la Iglesia o en abierta oposición a ella.

Comunistas, socialistas, anarquistas, liberales, masones, espiritistas, teósofos, librepensadores, etc. sufrirán condena eclesiástica habitual aunque no les reportará a sus miembros ninguna consecuencia significativa ni trastorno personal. No en vano, la mayoría se declaraban abiertamente agnósticos, ateos, anticlericales o, sencillamente, indiferentes a lo que la Iglesia pudiera opinar de ellos.

A pesar de todo, la excomunión conservó una importancia valiosa para la Iglesia ya que permitía señalar públicamente a determinadas colectivos y estigmatizarlos como peligrosos ante la propia feligresía.

Quienes coqueteaban con esas ideologías y grupos corrían el riesgo ser expulsados de la comunidad de creyentes o perder sus oficios eclesiásticos si los tenían. En tiempos especialmente turbulentos como la II República, donde miembros del clero abrazaron ideas socialistas o comunistas, se multiplicaron las penas espirituales contra ellos.

Sirva de ejemplo el caso de Luis López-Dóriga Meseguer, deán de Granada, sobrino de arzobispo y miembro del Partido Radical Socialista. Este sacerdote fue firme defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado, votó en Cortes a favor de la Ley del Divorcio y terminó siendo excomulgado en 1933.

Luego ya en el ocaso del franquismo, la sombra de la excomunión gozó de un inesperado fogonazo. El incidente no termina de estar claro y existe cierta confusión al respecto.

Para algunos, la excomunión llego a ser puesta por escrito en 1974 aunque no publicitada. Para otros, tan solo pasó por la cabeza del cardenal Tarancón, entonces presidente de la Conferencia Episcopal.

Y es que el receptor final de la misma iba a ser nada menos que Francisco Franco, caudillo de España y adalid del nacionalcatolicismo.

Hasta entonces, las relaciones entre la Iglesia y el dictador habían disfrutado de una salud excelente bajo el signo de una simbiosis político-religiosa de la que ambas partes recabaron enormes beneficios durante décadas.

Sin embargo, a esas alturas crepusculares del régimen, soplaban vientos de cambio en la jerarquía eclesiástica española. No eran mayoritarios, pero sí dominantes. La vieja guardia del clero patrio, aquella que bendijo la guerra civil y la concibió como cruzada, había ido desapareciendo.

Su lugar fue ocupado, poco a poco, por sangre nueva: obispos y sacerdotes más afines al espíritu renovador del Concilio Vaticano II y a unas bases obreras cristianas con enorme peso en las parroquias de las grandes ciudades.

En aquellos momentos, la Conferencia Episcopal, creada en 1966, contaba con miembros muy relevantes como el obispo de Madrid-Alcalá Enrique Vicente y Tarancón, el de Barcelona Narcís Jubany y el de Bilbao Antonio Añoveros. Tres mandatarios eclesiásticos que habían apostado indisimuladamente por la democratización del país y el reconocimiento de las diferentes sensibilidades políticas vasca y catalana.

Hasta tal punto venían dando pasos públicos en dicho sentido que la Dirección General de Seguridad del régimen, en un informe de diciembre de 1971, los calificó como “jerarquías desafectas”.

Pero la tensión entre el ejecutivo y la Iglesia alcanzó un grado crítico cuando el año 1974 el obispo Añoveros difundió por todas las parroquias de su diócesis una pastoral en la que reivindicaba el uso común del euskera y se reconocía abiertamente la existencia del denominado “problema vasco”:

“El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos circunvecinos, dentro de una organización sociopolítica que reconozca su justa libertad”

“INFIEL AQUEL QUE NO DEFIENDA LO MISMO QUE YO”
Para el gobierno, presidido por Arias Navarro, aquella homilía resultaba absolutamente incendiaria puesto que “atentaba contra la unidad del Estado”, así que, al instante, se ordenó el confinamiento en su domicilio de monseñor y se envió al aeropuerto de Sondika un avión para trasladarlo al exilio.

El revuelo diplomático fue máximo. Añoveros se negó a dejar su diócesis hasta recibir una orden directa del pontífice y amenazó con excomulgar a todo aquel que quisiera emplear la fuerza para hacerle salir.

Por otro lado, miles de personas se congregaron a las puertas del domicilio expresando así su solidaridad con el prelado. Paralelamente en Madrid dominaba el ruido en los despachos.

A lo largo de los cuarenta años de dictadura nunca se había conocido una crisis de tal envergadura con la Iglesia. La Nunciatura del Vaticano en España estaba a la expectativa y el cardenal Tarancón movió ficha.

Convocó al Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, y parece que redactó una nota inspirada en el Concordato con la Santa Sede y el canon 2334 que permitía aplicar pena de excomunión contra quienes “directa o indirectamente impidiesen la jurisdicción eclesiástica de un obispo”.

En el caso de que Añoveros fuera expulsado de España, dicha nota se daría a conocer. En previsión de lo peor, el Ministerio de Asuntos Exteriores también se planteó una ruptura de las relaciones con el Vaticano. Tarancón solicitó una audiencia con el gobierno que le fue denegada y según algunos llegó a tener en el bolsillo el escrito de excomunión contra los máximos mandatarios del ejecutivo español, incluido el jefe del Estado.

Al margen de estas incertidumbres, lo que parece seguro es que la máxima pena eclesiástica, cuando menos, se planteó en la reunión episcopal y sirvió como maniobra táctica del cardenal para colocar el conflicto en un límite tan insoportable que obligó a relajar el desencuentro y buscar un entendimiento por ambas partes.

De este modo, quedó demostrado cómo este tipo de penas eclesiásticas, utilizadas a modo de arma arrojadiza para reconducir voluntades, parecen no tener ya ninguna cabida en la palestra política española del siglo XXI.

Han perdido toda la eficacia de la que gozaron en épocas pasadas y la Iglesia sigue su camino explorando otros medios para hacer triunfar su doctrina en la sociedad moderna.

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